Una renta básica universal para una mejor vida, salud y libertad

Introducción

Vivimos tiempos de inseguridad económica y el miedo y la preocupación por el futuro en estos años de pandemias y guerras es cada vez más evidente. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el nivel de preocupación entre la población es alto: 6 de cada 7 personas en todo el mundo afirman sentirse inseguras con respecto a muchos aspectos de su vida (1).Según este informe, a las privaciones existentes hay que añadir más fuentes de incertidumbre que se superponen: “El contexto del peligroso cambio planetario del Antropoceno y su interacción con las desigualdades humanas, los esfuerzos deliberados por lograr una transición de nuestras sociedades industriales hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y la intensificación de la polarización política y social entre los países y dentro de ellos, facilitada por el uso que se hace a menudo de las nuevas tecnologías digitales.”

Todo ello hace cada vez más necesario plantear respuestas que estén a la altura de las circunstancias y no seguir con recetas caducadas y que se han mostrado ineficaces.

Una propuesta que en los últimos años ha ido ganando terreno es la renta básica universal (RBU), una protección social desde la cuna a la tumba. Una protección social para garantizar la existencia material y con ello la vida, para dotar de más seguridad económica y posibilitar por tanto una mejor salud y salud mental y por supuesto para aumentar el grado de libertad de la ciudadanía.

Las sucesivas crisis se acumulan en los últimos años

Es cada vez más evidente que a la gran recesión económica del 2008 que provocó graves efectos en la salud mental de una parte importante de la población en muchos países que aplicaron políticas de austeridad y de recortes presupuestarios en los servicios públicos y en la protección social, ahora hay que añadir también los efectos devastadores que supuso la pandemia de coronavirus que se desencadenó entre los años 2019 y 2022, una epidemia aún en curso pero que desde mayo del 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerarla una emergencia sanitaria internacional.

Cuando nos estábamos recuperando de la crisis del 2008 estalló la pandemia de la covid-19 que impactó de lleno en una sociedad ya maltrecha y acabó provocando, según diferentes investigaciones y la misma OMS, un aumento de los trastornos mentales y de los suicidios. Cientos de millones de personas, en aislamiento, miedo e incertidumbre ante la grave crisis económica, padecieron un sufrimiento intenso y trastornos psicológicos junto a los altos costes sociales y económicos.

Si bien los efectos de la pandemia de covid-19 pudieron ser muy importantes en este empeoramiento, sería un grave error pensar que todos los problemas relacionados con la salud mental fueron debidos a la covid-19. Por ejemplo, la peor percepción de la salud mental entre los jóvenes ya se produjo entre 2017 y 2019 con un aumento de la frecuencia de haber padecido de problemas psicológicos y/o psiquiátricos, por lo que el aumento del malestar no se puede atribuir en exclusiva a los efectos psicosociales de la pandemia (2).

El miedo al futuro y la ausencia de perspectivas para los próximos años es la realidad para millones de personas. El aumento de problemas de salud mental que una parte importante de la población ha sufrido y sigue sufriendo a consecuencia del confinamiento de la pandemia y actualmente con la incertidumbre económica producto de diferentes circunstancias (guerras en curso, emergencia climática, cambios en el mundo del trabajo…), pero también de la crisis del encarecimiento de los precios de la alimentación y especialmente del acceso a la vivienda, está provocando una verdadera epidemia de salud mental.

Parecería que la importancia que tienen los determinantes sociales de la salud mental ya no se pondría en duda por parte de los gobiernos, después de todas estas sucesivas crisis, pero eso sería ignorar la realidad en la que vivimos a diario. Si bien empieza a ser evidente que la salud va más allá de los comportamientos individuales y de la carga genética, aún queda mucho por recorrer para que este enfoque de los determinantes sociales sea hegemónico en las políticas gubernamentales.

A pesar que disponemos de más investigaciones en las que se pone de manifiesto la asociación entre las preocupaciones económicas y los problemas de salud mental de la población, y de mucha más evidencia que demuestra cómo la pobreza está relacionada con la salud mental y el malestar psicológico y que actúa como un factor importante de las desigualdades en salud mental, las políticas gubernamentales para dar respuesta a esas constataciones aún tienen mucho recorrido por delante y resistencias considerables.

Un ejemplo evidente lo podemos encontrar con un artículo publicado en eldiario.es del 29 de marzo firmado por Sofía Pérez y Victòria Oliveres con el inconfundible título “España medicaliza la pobreza”. Este artículo se hacía eco de una realidad cada vez más flagrante: las personas atendidas en los centros de salud que ganan menos de 18.000 euros al año se medican más frecuentemente, tienen prescritos más fármacos crónicos y consumen más pastillas para el dolor, la ansiedad o la depresión, según los datos que el Ministerio de Sanidad recoge en la Atención Primaria. En ese mismo artículo, el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, razonaba que “si decimos que la salud no depende de nuestras decisiones individuales, sino de nuestro contexto y de nuestras condiciones de vida, tendremos que saber en qué condiciones de vida está la gente”. Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia también decía que “medicalizar la vida no es la mejor solución, ni por salud ni por problemas sociales, pero la medicalización dentro de nuestras poblaciones es una de las formas que hemos encontrado de afrontar los vaivenes de nuestra sociedad y nuestro estilo de vida”.

También en otro artículo reciente, Eduardo Costas, catedrático de Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, después de constatar que las personas con las rentas más bajas consumen casi ocho veces más psicofármacos que las personas con las rentas más altas afirmaba que “en vez de combatir la desigualdad, drogamos con psicofármacos a los más desfavorecidos” (3).

Los determinantes sociales de la salud

La Comisión sobre los determinantes sociales en salud que creó la OMS en el año 2005 aportó mucha evidencia científica y mostró cómo, en comparación con las personas que tienen más riqueza, poder y educación, las personas de las clases sociales más pobres y explotadas son la que tienen los peores estados de salud.

Cuando nos referimos a los factores sociales, es bueno aclarar a que nos referimos. La Comisión de la OMS destacaba las malas condiciones de ocupación, con una mayor precariedad laboral, el no disponer de una vivienda digna y bien acondicionada, no disponer de protección social ni de servicios sociales. Por tanto, el origen de las desigualdades en salud deriva del conjunto de determinantes sociales, económicos y políticos. Es lo que la Comisión denominó “las causas de las causas” de la enfermedad y la desigualdad. Son innecesarias, injustas y evitables y se pueden reducir mediante políticas sociales y sanitarias adecuadas. En definitiva, la desigual distribución del poder económico y social entre y dentro de los países que condiciona las políticas sociales y económicas y que a la vez repercuten en la salud de las personas. (4)

La OMS asegura que detrás de los problemas psicológicos hay diversos factores, y que son múltiples los determinantes individuales, sociales y estructurales que pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental. Uno de los factores estructurales sería la exposición a circunstancias sociales o económicas desequilibradas, como serian la desigualdad y la pobreza, que aumentan el riesgo de sufrir afecciones de salud mental. (5)

Con lo que ya apuntaba hace casi 20 años la Comisión de la OMS, no puede extrañar a nadie las terribles estadísticas que se publican en los últimos tiempos sobre la salud mental de los ciudadanos del Reino de España. Desde el 2017 al 2022 la prevalencia de problemas de salud mental ha pasado del 27,4% al 37% entre la población según los datos del Ministerio de Sanidad. En el último informe anual del sistema nacional de salud publicado a principios de agosto del 2024, se dice textualmente que “los problemas de salud mental son una epidemia de nuestro siglo que se debe prevenir, afrontar y saber manejar”. (6)

Dos informes a tener muy en cuenta

Para entrar en algunos detalles más concretos de cómo está impactando las condiciones materiales de existencia en la vida de las personas destacaría especialmente a dos grandes grupos de población: la juventud (desde los 16 a los 29 años) y la población precaria trabajadora. Dos grupos de población de los que disponemos de cierta información con dos informes publicados recientemente y que merecen una especial atención.

Si analizamos la situación en que se encuentran los jóvenes hay que tomar muy en cuenta, si hablamos de precariedad e inseguridad vital, el reciente informe llamado: Equilibristas. Las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual ya citado más arriba. Según este, el aumento de la incidencia de problemas de salud mental entre las personas jóvenes ha golpeado a una generación acostumbrada a vivir en el desequilibrio económico de la precariedad. Una generación joven cuyo día a día es, desde hace demasiado tiempo, la temporalidad, la parcialidad no deseada, la sobrecualificación o, en el peor de los casos, el paro.

Pongamos algunos datos destacados recogidos en este informe: la brecha de género entre los jóvenes se reproduce también en el estado de salud mental de las mujeres. Así, por ejemplo, tenemos que la incidencia de casos clínicos diagnosticados entre mujeres jóvenes es del 49’9% que han sido diagnosticadas alguna vez, en cambio para los hombres jóvenes es del 41’1%. Una diferencia de más de 8 puntos.

La mayor prevalencia de diagnósticos entre las personas que viven en situación material severa es del 55’9% frente aquellas que no tienen ninguna carencia material que es del 37’7%. También por lo que hace a la ideación suicida entre la juventud que vive y sufre las condiciones de carencia material severa es del 60’4% respecto a los que no padecen carencia material severa que es del 36’8%.

Pero también si comparamos la ideación suicida entre quienes viven con dificultades económicas es del 40’8% frente a los jóvenes que viven más cómodamente (18’4%).

Más allá de los datos cuantitativos que son alarmantes, cuando se analizan los datos cualitativos, las personas jóvenes destacan lo primero los factores sociales estructurales, frente a otro tipo de factores que puedan situarse en el plano psicológico, la personalidad o hábitos nocivos, como el consumo de drogas. De estos factores estructurales como generadores de malestar emocional y de salud mental destacan los siguientes: la dificultad de acceso al empleo en condiciones dignas; el acceso a la vivienda; la incertidumbre provocada por numerosos cambios externos, por un ritmo de vida acelerado, el productivismo y la alta competitividad o los impactos actuales y futuros producto del cambio climático, entre otros.

Incide el informe en que “las personas jóvenes, cuando se ven impactadas por múltiples desigualdades socioeconómicas, presentan con mayor frecuencia problemas de salud mental”. Finalmente se reclama que “se implementen políticas centradas en dar respuestas a las desigualdades estructurales que impactan, entre otros factores, en la salud mental de las personas jóvenes. Por ello, las respuestas no pueden ser sólo sanitarias, sino que deben partir de un enfoque holístico, dando solución a la atención de la salud mental como, sobre todo, a la prevención del malestar”.

Si hablamos de precariedad laboral y su relación con la salud mental, en enero del 2023 se presentó el informe PRESME (7), el primer estudio global impulsado por el gobierno de un país realizado por una comisión de expertos y expertas con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado de la situación en el Reino de España de la precariedad laboral y de sus efectos sobre la salud mental. Con un enfoque transdisciplinar se realizó un trabajo de síntesis del mejor conocimiento disponible y con propuestas políticas.

En el prefacio de este informe se pone de manifiesto que “trabajar puede ser una actividad gratificante y saludable, pero también puede convertirse en un suplicio insoportable que nos enferma y nos puede llegar a matar”, alejándose de visiones mistificadoras de las bondades del trabajo.

Con un volumen de datos y constataciones impresionante, este estudio deja muy claro que “ser precario implica vivir una vida insegura, ser más frágil, envejecer y morir antes de tiempo.” O que la precariedad “es un determinante social cuyos efectos en la salud, y en particular en la salud mental, son hondos y duraderos cuando no devastadores para muchas personas y familias.”

Por lo que respecta a los datos que se exponen en este estudio, destacar algunos: de la población ocupada, unos 17’3 millones de asalariados, un 46’9% puede considerarse que tiene un empleo precario (unos 8’1 millones de personas). Las principales causas de la precariedad son según el informe: la subocupación funcional (ocupación que requiere estudios por debajo del nivel alcanzado), el empleo temporal y, en menor medida y de forma similar, el empleo a tiempo parcial involuntario y la insuficiencia de horas empleadas.

Con estos datos, algo más de la mitad del mercado laboral en España (23’4 millones de personas, incluyendo a las desempleadas) estarían en situaciones de precariedad. La precariedad laboral afectaría a un total de 11’9 millones de personas: 8’1 millones asalariadas, 1’2 millones trabajadores autónomos y 2’6 millones desempleados que han trabajado previamente.

El informe también muestra que cuanto mayor es el nivel de precariedad laboral, mayor es también la prevalencia de padecer mala salud mental.

Protección social y salud

Aplicar políticas de protección social a lo largo de la vida es una recomendación de la Comisión de los determinantes sociales de la salud de la OMS.

Para garantizar la salud es clave impulsar políticas que la protejan y promuevan y esto requiere que haya que actuar sobre los determinantes sociales de la salud y, por tanto, adoptar medidas en ámbitos distintos al estrictamente sanitario. Es lo que se conoce por “salud en todas las políticas.” Hay que desarrollar políticas transversales e integrales que incluyan la protección social, la seguridad de ingresos, las condiciones de vida, laborales y de vivienda, entre otras.

Los países con sistemas de protección social más desarrollados tienen mejores resultados en salud y menos desigualdades, pero es tal vez poco sabido que los sistemas sanitarios representan únicamente alrededor de un 10% del impacto que tienen el conjunto de los determinantes de la salud.

Si aceptamos que para prevenir y proteger la salud hay que incidir sobre los determinantes sociales, nos hace falta garantizar políticas que doten de cierta cobertura a las condiciones materiales de existencia, y aquí es donde cobra mucho sentido la propuesta de la RBU, que consiste en un ingreso pagado a cada ciudadano, trabaje de forma remunerada o no, independiente de la consideración de su nivel de renta. Un ingreso que se percibe de forma individual e incondicional en el sentido que no se exige a los beneficiarios que busquen empleo o cumplan unos criterios concretos, a diferencia de otras ayudas o subsidios condicionados.

En el ámbito de la salud mental hace ya unos años que la RBU ya no es una desconocida. Un cuerpo de evidencias cada vez más considerable nos sugiere que la RBU puede tener la capacidad de generar efectos beneficiosos para la salud de la población. Algunas de estas investigaciones y estudios apuntan a dos constataciones: (a) muchos de los resultados negativos en salud están relacionados causalmente con la pobreza, la precariedad y la desigualdad. De lo cual podemos inferir que (b) combatiendo la pobreza, la precariedad y la desigualdad con una RBU, podría representar una intervención positiva en salud para reducir estos efectos, especialmente entre la población más vulnerable y con rentas más bajas (8).

Algunas llamadas en defensa de una RBU

Quisiera recordar algunos artículos, editoriales y pronunciamientos destacables en los últimos tiempos desde diferentes ámbitos de la salud mental en defensa de la RBU.

En diciembre de 2016 la revista British Medical Journal (9) incidía en los específicos efectos en la salud que una RBU podría tener en comparación con las tradicionales políticas de protección social focalizadas y condicionadas para los pobres. Principalmente habría dos razones: la RBU, al concederse a todas las personas y no sólo a las que en ese momento pueden demostrar que son estadísticamente pobres, termina por percibirse por la población como un seguro general contra la pobreza, factor que contribuye a una gran tranquilidad psicológica: saber que siempre se tiene derecho a unos ingresos. La segunda razón es la que se deriva de su incondicionalidad. Esto no sólo permite liberar tiempo en cuanto a las trabas burocráticas cuando se debe demostrar que efectivamente se es pobre, con todo lo que puede suponer de estigma social y sus efectos psicológicos comprobados nada positivos.

En septiembre del 2020 la asociación Activament de Catalunya (Colectivo activo de personas con la experiencia del trastorno mental) publicó un Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal (10) que contó con varios apoyos de entidades en el que se daban varias razones en favor de esta medida: “nos posicionamos a favor de la RBU porque también es una medida preventiva de la “salud mental”. Como señala la OMS, decía el manifiesto “el sufrimiento derivado de la pobreza, las condiciones precarias de existencia, la incertidumbre económica y el paro se encuentran entre las principales causas de las vivencias que se diagnostican como trastornos mentales, de las conductas adictivas y el suicidio. Garantizar unas condiciones dignas de existencia, con independencia del mercado laboral, es una condición de posibilidad para reducir los malestares emocionales y sociales que hay detrás de estas conductas.”

Al final del manifiesto también se consideraba que “una RBU, finalmente, también sería un recurso fundamental para promover los procesos de recuperación y empoderamiento en nuestro colectivo. En primer lugar, porque además de garantizar unas condiciones mínimas de sostenibilidad de la vida, favorecería la vida independiente, autónoma de la familia y/o la institución. Actualmente, las imposibilidades materiales condenan a la dependencia, siendo esto una barrera a la autonomía, la autodeterminación, el crecimiento personal y el ejercicio de la ciudadanía activa. Las personas, sin los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades básicas, quedamos inmersas en relaciones paternalistas de dependencia.”

Otra declaración que tuvo cierta repercusión en relación a la salud mental y la conexión con la renta básica fue a raíz de un artículo de Mikel Munarriz, expresidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en el que manifestó que “se prevendrán más suicidios con una renta básica universal que con legiones de profesionales psicopatologizando cualquier atisbo de desesperanza”. (11) Por supuesto, la voluntad de Munarriz era poner de manifiesto que hacen falta verdaderas políticas económicas y sociales preventivas y que pongan freno al alud de problemas de salud mental derivado de condiciones de pobreza y de precariedad que padecen millones de personas. El tratamiento profesional es fundamental y muy necesario, pero hay que ir a las causas de muchos de estos malestares.

Finalmente, destacar también unas declaraciones de Mónica García, ministra de Sanidad en la actual legislatura, realizadas en una entrevista en febrero del 2024 en el podcast de Saldremos mejores (12) donde abogaba por una RBU cómo la medida más indicada para poner solución a muchos de los malestares sociales y psicológicos existentes en el ámbito de la salud mental.

¿A qué es debido o a qué respondería que, desde posicionamientos activistas, académicos, profesionales y gubernamentales, se converja en la defensa de una propuesta como la RBU?

Intentaremos en las próximas líneas aportar algunas evidencias y razones del porqué la RBU está mostrándose como una política que puede dar respuestas a las múltiples problemáticas sociales y psicológicas que tienen nuestras sociedades. Y por lo que parece tampoco existe una alternativa obvia a la RBU que tenga la misma función multipropósito y el mismo impacto en toda la sociedad.

Es fundamental entender que la RBU que aquí se defiende tiene que venir acompañada y reforzada de otras políticas de robustecer y ampliar los sistemas públicos y por supuesto en ningún caso no reemplazaría a ninguno de los sistemas de bienestar social.

Seguridad económica y renta básica

Las personas que viven en la precariedad económica saben que necesitan ingresos regulares, previsibles y seguros, y que un ingreso seguro es el medio real y obvio de satisfacer las necesidades fundamentales de las personas (13).

La incertidumbre, a diferencia de los riesgos, no puede ser calculada, y los humanos nos adaptamos mal a las situaciones de incertidumbre psicológica sostenidas en el tiempo (14). Algunos autores también han mostrado cómo la falta de seguridad básica perjudica la salud mental y física, desencadena problemas psicológicos y reduce la inteligencia a corto plazo o el llamado “ancho de banda mental” (15).

Como apunta Guy Standing, uno de los más conocidos divulgadores y promotores de la renta básica, sin una seguridad en la vida de las personas, estas no pueden actuar racionalmente, o no puede esperarse que lo hagan (16).

Seguridad económica, por ejemplo, es la que tiene una parte de la población que dispone de un empleo estable y de calidad, con una contratación indefinida y goza de buenas condiciones laborales, lo que supone una cierta capacidad para poder planificar sus vidas. No es ni mucho menos el caso de los más de 23 millones de personas según el informe PRESME que ya hemos mencionado más arriba. Un ejército de personas desempleadas, trabajadoras en empleo informal, trabajadoras autónomas, trabajadoras de plataformas digitales, con algún tipo de discapacidad, personas trans, trabajadoras del ámbito de la alimentación, de la cultura, investigadoras predoctorales…

Sabemos por algunas investigaciones que la inseguridad cognitiva que genera una alta probabilidad de perder el empleo (de ser despedido o no renovar contrato laboral) es un factor de riesgo enorme para la salud mental y la salud en general (17), y también que el alto nivel de inseguridad laboral percibida que caracteriza el trabajo precario aumenta en un 61% las posibilidades de padecer depresión, en un 77% ansiedad y en un 51% las posibilidades de suicidio (18).

En el informe ‘Salud mental y trabajo’, realizado en 2023 por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), se constata que, en el Reino de España, según las encuestas del Banco Central Europeo (BCE), el temor al despido supera en más de 4 puntos la media de la Unión Europea.

Costes socioeconómicos de los problemas de salud mental

Un tema que a menudo tendemos a olvidar o a no darle tal vez la importancia que merece es la cuantificación económica que suponen estos problemas de salud mental en la sociedad. Sabemos que es muy difícil poder hacerlo rigurosamente, pero es importante darnos cuenta de lo que en términos económicos puede llegar a suponer.

Hay que reconocer que es muy complejo cuantificar exactamente los costes económicos derivados de los diferentes problemas relacionados con la salud mental pues hay varios ámbitos implicados: sanitarios, laborales, familiares, farmacológicos, entre otros. Según el mencionado informe de la UGT que hemos citado más arriba, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que cada año se pierden unos 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que supondría para la economía mundial casi un billón de dólares.

En 2015 se publicó un informe de los costes de salud mental en la UE en el que se cuantificó que los costes económicos ascendían en más del 4% del PIB de todos los estados miembros, estimándose el coste de la depresión relacionada con el empleo en unos 620.000 millones de euros al año y en una pérdida de producción económica entorno a los 240.000 millones de euros.

Según cálculos de la publicación European Journal of Neurology el coste económico que suponen los problemas de salud mental superarían en Europa los 798.000 millones de euros. De los cuales, el 37% corresponderían a costes directos en servicios sanitarios, el 23% a costes no sanitarios como cuidados informales y el 40% a costes indirectos como la pérdida de productividad laboral o la discapacidad crónica, entre otros (19).

Otro informe realizado por el Foro Económico Mundial junto con la Facultad de Salud Pública de Harvard en 2011 calculó el impacto de las enfermedades durante el período comprendido entre el año 2011 y 2030 y se estimó que los trastornos mentales supondrán un coste de 6 billones de dólares en los próximos años, equivalente al 1’3% del PIB mundial (20).

La relación entre seguridad económica y salud mental

En un reciente artículo con el explícito título “dinero como medicina” (21) se dan algunos argumentos a favor de las transferencias de ingresos, sobre todo a raíz de las experiencias positivas para reducir la pobreza infantil que se dieron en Estados Unidos durante la pandemia de covid-19. El artículo aporta datos y razones por las que una renta básica no es sólo una política antipobreza. También supondría beneficios en salud pública, seguridad ciudadana y una prosperidad económica colectiva, ganando en calidad de vida para toda la población. Muchos estudios y programas nos muestran que la transferencia de ingresos lleva a reducciones substanciales de homicidios, violencia machista, robos, crímenes, etc. También hay un cuerpo creciente de investigación que nos muestra que hay buenos resultados en salud, reducción de mortalidad infantil y adulta y mejoras en salud mental (reducciones de hospitalizaciones, urgencias, medicación, etc.), que son incluso más grandes que las conseguidas por los servicios de salud mental, según los autores.

En los últimos años han proliferado múltiples pilotos y experimentos de RBU o similares en diferentes lugares del mundo, de ámbitos económicos y culturales muy distintos. En Estados Unidos hay una experiencia considerable en la implementación y evaluación de más de 100 programas piloto de transferencia de ingresos en los últimos años.

Es difícil poder realizar un breve repaso de algunas de las diversas experiencias mundiales que se han realizado, pero aún sin extraer unas conclusiones definitivas (por tratarse en la mayoría de casos de una población muy acotada, o bien una asignación reducida y por ser precisamente experimentos temporales de uno o dos años de duración), avalan la hipótesis de que una RBU podría tener efectos saludables entre la población (22).

Si realizamos una revisión de los datos se observan resultados positivos en salud a través de diferentes vías: de forma directa con una mejora de peso al nacer, menores ingresos hospitalarios por accidente, mejor salud autopercibida… y a través de los determinantes sociales de la salud cómo una mejor alimentación, menor consumo de alcohol, aumento de la escolarización y también a través de los sistemas sanitarios con una menor tasa de ingresos hospitalarios, menor consumo de medicación, etc.

Distintos experimentos de garantizar ingresos incondicionales que se han hecho en zonas bien diferentes del planeta (India, EEUU, Finlandia, Namibia, Canadá, Barcelona, etc.) han aportado también diversa evidencia empírica de mejoras en varios terrenos de la salud, la reducción de las desigualdades sociales y la disminución de la pobreza, en la educación, en las relaciones humanas, en el empoderamiento de las mujeres, en la creación de cooperativas o pequeños negocios o en mayor confianza en las instituciones.

Destacar también los resultados en salud mental, donde se han encontrado algunos resultados positivos en cuanto a la reducción de ingresos psiquiátricos, disminución de problemas de ansiedad, reducción de la estigmatización de las persones con rentas bajas, disminución de casos de alcoholismo y mejoras en cuanto a satisfacción con la vida, mejora del sueño, reducción del estrés, más felicidad y mejor salud comunitaria.

El impacto que ha tenido una RBU en algunos determinantes sociales de la salud en estas comunidades hace pensar que si su carácter fuera más definitivo (no transitorio, como han sido estas experiencias) y con más cobertura y generosidad podrían probablemente tener unos efectos de transformación social muy interesantes.

Lamentablemente estos programas pilotos y experimentales no se han adoptado cómo políticas públicas permanentes a día de hoy.

Una renta básica para una mejor salud mental

Nuestra sociedad se caracteriza por grandes desigualdades en cuanto a riqueza y renta y por tener un mercado laboral que cambia rápidamente, con un incremento del trabajo precario e inseguro. Tenemos una sociedad con altas tasas de pobreza incluso con gente empleada. Vivimos en uno de los países con más desigualdad y pobreza de la Unión Europea y a la vez también tenemos a gente muy rica. Alguna cosa no funciona bien si somos partidarios de sociedades más justas, igualitarias y libres.

Señalaba con acierto Hernán Sampietro en un artículo reciente que “el proyecto neoliberal es incompatible con el bienestar emocional de la población” y que “habría que ampliar la mirada a las condiciones materiales y sociales de existencia que son fuente de malestar” (23).

Estamos asistiendo cada vez a más voces, manifiestos y argumentos en favor de garantizar una existencia material económica a la ciudadanía en forma de RBU y a la vez cómo una política para prevenir y promover la salud a toda la población.

Si entendemos que la salud es un bien común necesario para el desarrollo individual y colectivo, si creemos que tiene que ser una prioridad para los gobiernos y si estamos de acuerdo en una “salud para todos y de todos” y en la orientación de “salud en todas las políticas”, hay que entender que una política de garantía de ingresos básicos para toda la población impactaría tanto en los niveles individual y social.

Los beneficios psicológicos de una RBU son muy diversos. Según la asociación londinense Psychologists for social change creada en el 2014 para denunciar cómo estaban afectando las medidas de austeridad en la salud mental, hay cinco aspectos que serían importantes para el bienestar psicológico, si contásemos con una RBU (24). Concretamente la RBU tendría el potencial para mejorar cinco indicadores de una sociedad sana: agencia, seguridad, conexión, importancia y confianza.

En primer lugar, el papel de agencia, la autonomía o dominio de la vida de uno mismo, sin interferencia y dominio de los demás, lo que puede ser una importante fuente de estrés en los empleos. 

En segundo lugar, incrementaría la seguridad. La inseguridad en el empleo está asociada a dificultades individuales y psicológicas, incluidas estrés, depresión y falta de satisfacción en la vida. Esto conlleva problemas en las familias y unidades de convivencia. La percepción de la falta de seguridad en el empleo es cada vez mayor con los cambios tecnológicos y la desaparición y pérdida de muchos puestos de trabajo. Esto pasa factura a muchas familias y a una parte importante de la infancia. El poder disponer de unos ingresos regulares y constantes, aunque se alternasen períodos de empleo y desempleo, sería una protección importante para las personas y las familias.

Una tercera razón sería que una RBU que cubra las necesidades económicas podría favorecer las relaciones sociales y de participación, incrementaría las relaciones comunitarias, familiares, de amistad, al poder elegir entre el tiempo libre, formarse y no tener que soportar largas jornadas laborales para garantizar la existencia. La participación social no es sólo buena para la salud mental, también contribuye a fortalecer y hacer más efectiva la democracia.

Una cuarta razón importante para la vida de las personas es dotarlas de sentido y significado. Mucha gente está atrapada en empleos que no le aportan nada y no proporcionan ningún sentido a sus vidas. Dar sentido y significado a la vida es un predictor de calidad de vida. Una RBU podría liberar tiempo para invertirlo en actividades más relacionadas con los valores, más creativas y más satisfactorias psicológicamente.

La RBU para personas con la experiencia de un trastorno mental

No quisiera finalizar sin estimar que podría suponer una RBU para aquellas personas que ya padecen alguna problemática de salud mental o tienen diagnosticado algún tipo de trastorno mental.

Tanto en el Reino de España como en otros estados de nuestro entorno la realidad señala que el paro y la exclusión del mundo laboral son dos situaciones habituales que suelen sufrir la mayoría de personas cuando reciben un diagnóstico de trastorno mental severo. No existe ningún otro colectivo con unas cifras de paro tan elevadas. Según un  estudio, en el reino de España 5 de cada 6 personas (el 85’7%) con un grado de discapacidad por motivos de salud mental no tiene empleo. De entre todas las discapacidades (físicas, sensoriales, psíquicas) las personas con problemas de salud mental tienen la participación en el mercado laboral más baja (25).

Si bien el artículo 42 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece la obligatoriedad para las empresas de más de 50 empleados de una cuota de, al menos, el 2% de los puestos de trabajo reservados para personas con una discapacidad del 33% o superior, en la práctica lo habitual es el incumplimiento de la ley. Y no se cumple porque en el Reino de España ni se persigue ni se penaliza esta situación. Además, en caso de que algunas empresas cubran la cuota, lo hacen priorizando otros tipos de discapacidades, pues la ley no especifica el motivo de la misma.

También encontramos los Centros Especiales de Empleo (CEE) que son una de las formas de empleo protegido que desde 1982 por la Ley 13/1982 se viene desarrollando. A pesar de ser diseñados en origen para ser una vía secundaria para garantizar el acceso al mercado laboral y para que tuviesen un carácter de transición para la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario, suponen un ámbito separado del mercado laboral común, lo que genera a la larga mayor marginación y no logra la integración pues se convierten en el destino definitivo del trabajador con discapacidad al no ser un instrumento de accesibilidad del empleo protegido al ordinario, pues las tasas de transición nunca superan el 5% (26).

Una RBU podría jugar un papel fundamental y muy importante para muchas de estas personas por varias razones de las cuales se destacan las siguientes.

Garantizar una RBU compatible con otras fuentes de ingresos permitiría aproximarse o reincorporarse al mercado laboral sin el miedo que supone dejar de percibir la pensión (no contributiva, incapacidad permanente o total, etc.) o tardar unos meses en volverla a solicitar si se opta a un empleo.

Facilitaría poder abandonar empleos poco estimulantes, precarios y mal pagados que en algunos casos en nada benefician a su salud mental.

También para las personas que ya tienen o tendrán problemas de salud mental ganarían en autonomía y confianza por la tranquilidad psíquica que podría suponer una garantía incondicional de ingresos. Es plausible suponer que facilitaría realizar cambios de empleos que, en muchos casos, al ser poco gratificantes e insatisfactorios contribuyen también a enfermar.

No poco importante sería, también para algunas personas, el hecho que una RBU haría desaparecer todas aquellas pensiones asistenciales, ayudas o subsidios inferiores al umbral de la pobreza y que actualmente son incompatibles con el trabajo asalariado, por no hablar del fuerte componente estigmatizador para tramitar y recibir algunas de estas pensiones.

Permitiría también ordenar de forma más racional los recursos económicos, sociales, ocupacionales y laborales, etc., que existen para este grupo de población y que en muchas ocasiones no están suficientemente supervisados ni inspeccionados por parte de la administración pública, produciéndose en ocasiones situaciones de abusos y de explotación laboral.

En una reciente entrevista a Belén González, psiquiatra y directora del comisionado para la salud mental del Ministerio de Sanidad, respondía así a la pregunta siguiente de la periodista “Si pudiéramos implementar una única medida para mejorar la salud mental de la mayor cantidad de población posible, ¿cuál sería?”: “No hay una respuesta fácil. Sabemos, porque se ha estudiado en otros países y regiones, que una medida con un gran impacto sobre el nivel basal de salud mental de la población sería implantar una renta básica universal, que alcanzara a todas las personas, desde la infancia hasta los más mayores. Por supuesto, esto no impediría que se desarrollaran trastornos mentales por otros eventos o circunstancias, pero tendría un efecto importante a nivel general.” (27).  Se puede decir más alto, pero no más claro.

Referencias bibliográficas

(1) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 2021/2022. Disponible en https://hdr.undp.org/informe-sobre-desarrollo-humano-2021-22

(2) Equilibristas. Las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual. Oxfam Intermón y Consejo de la Juventud de España, mayo de 2024.

(3) Costas, E. (2024). El consumo de psicofármacos està disparado en España. Levante.https://www.levante-emv.com/tendencias21/2024/04/24/consumo-psicofarmaco...

(4) Benach, J. La salud es política. Barcelona: Icaria, 2020

(5) Organización Mundial de la Salud (OMS). Salud mental: fortalecer nuestra respuesta. https://who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

(6) Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2023. Informes, Estudios e Investigación, 2024. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Madrid, 2024.

(7)Informe PRESME. Comisión de personas expertas sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental en España. Precariedad laboral y salud mental. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gobierno de España. Madrid, 2023.

(8) Howard, N., Gregory G., Johnson Elliott A., Goodman C., Coates J., Pickett Kate E., et al. Prospective Health Impacts of a Universal Basic Income: Evidence from Community Engagement in South Tyneside, United kingdom. International Journal of Social Determinants of Health and Health Services, 2024; 1-9.

(9) Painter, A. A universal basic income: the answer to poverty, insecurity, and health inequality? BMJ 2016 Dec 12:355:i6473https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27956433/

(10) Manifiesto de las personas psiquiatrizadas por una Renta Básica Universal. Activament, 2020. https://www.activament.org/es/2020/manifiesto-personas-psiquiatrizadas-por-una-renta-basica-universal/

(11)  Martínez, L. (22 de agosto de 2021) Mikel Munarriz, psiquiatra: “la estratègia nacional de salud mental està sobrepassada por los hechos” eldiario.es 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/sociedad/mikel-munarriz-psiquiatra-estrategia-nacional-salud-mental-sobrepasada-hechos_128_8233884.html

(12) Saldremos mejores, 14 de febrero 2024, 3x18 https://www.youtube.com/watch?v=TJigmQVnJqQ

(13) Johnson E., Reed H., Nettle D., Stark G., Chrisp J., Howard N. Et al. Treating causes not symptoms. Basic Income as a public health measure. Compass and Basic Income Conversation, 2023. https://www.compassonline.org.uk/publications/treating-causes-not-symptoms-basic-income-as-a-public-health-measure/

(14) Sapolsky, R. M. ¿Por qué las cebras no tienen  úlcera? La guia del estrés.  Madrid: Alianza Editorial, 2008

(15) Mullantahan, S., Eldar, S. Escasez. ¿Por qué tener poco significa tanto? Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

(16) Standing, G. La renta bàsica. Un derecho para todos y para siempre. Barcelona: Pasado y Presente, 2018.

(17) Salas-Nicás, S., Esteve-Matalí, L.,Llorens-Serrano, C. Navarro-Giné, A. Job Insecurity, Mental Health, and General Health Over Time. A longitudinal Update of a Cross-sectional Study. JOEM, 2024; 66 (7) 523-527

(18) Niedhammer,I., Bertrais, S., Witt, K. Psychosocial work exposures and Health outcomes: a meta-review of 72 literatures reviews with meta-analysis (2021). Scandinavian Journal of Work, Environtment& Health, 47 (7),pp 489-508

(19) Raventós, D. Renta bàsica contra la incertidumbre. Los retos de la economia. Barcelona: RBA, 2017.

(20) Gamero, C., González, M.L. Costes socio-económicos de los riesgos psicosociales. Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente UGT-CEC, Madrid, 2013.

(21) Reinhart, E. Money as Medicine- Clinicis, Cash Transfers, and the Political-Economic determinants of Health. The New England Journal of Medicine, 2024;390;14: 1333-1338.

(22) Raventós, S. La renta bàsica y su impacto en la salud mental a partir de algunos experimentos. Sin Permiso, 2019. Consultado el 07-08-2024, disponible en:

https://www.sinpermiso.info/textos/la-renta-basica-y-su-impacto-en-la-salud-mental-a-partir-de-algunos-experimentos

(23) Sampietro, H. Renta Básica Universal: una solución a la espiral de psicopatologización, medicalización y cronificación de los malestares. Catalunya Plural, 2024. Consultado el 08-08-2024, disponible en:https://catalunyaplural.cat/es/renta-basica-universal-una-solucion-a-la-espiral-de-psicopatologizacion-medicalizacion-y-cronificacion-del-malestares/

(24) Psychologists for Social Change. Universal Basic Income: A Psychological Impact Assesment. Ed. Londres, PAA, 2017.

(25) La confederación alerta de la alta tasa de desempleo entre las personas con problemas de salud mental, 14 de febrero de 2018. Consultado el 08-08-24. Disponible en: https://consaludmental.org/sala-prensa/confederacion-desempleo-personas-salud-mental/

(26) Raventós, S., Sampietro, H. Derechos humanos y salud mental. La RB en la agenda, 28 de junio de 2018. Consultado el 08-08-24. Disponible en: https://madinspain.org/derechos-humanos-y-salud-mental-la-renta-basica-en-la-agenda-sergi-raventos-y-hernan-maria-sampietro/

(27) Adriana T. (3 de agosto del 2024), Belén González, psiquiatra y directora del Comisionado para la salud mental: “No es recomendable ir al psicólogo por sistema, y está costando hacer entender eso a la gente”. Ctxt. Contexto y acción. Consultado el 09-08-24. Disponible en: https://ctxt.es/es/20240801/Politica/47037/Adriana-T-entrevista-Belen-Gonzalez-Pisquiatra-salud-mental-ministerio.htm

(Este texto forma parte de un libro colectivo con el título Clínica del desamparo y ética del cuidado: la salud mental como creación colectiva, coordinado por Jose Luis Leal, que se presentó los días 5, 6 y 7 de junio en Bilbao, en el marco del XXIX Congreso Centenario de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN-PSM) 2025)
Sergi Raventós 
 Doctor en Sociología, miembro de la Junta de la Red Renta Básica, fue Director de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya entre septiembre del 2021 a septiembre del 2024