Reino Unido: Cómo el gobierno de la ‘libre expresión’ prohibió las protestas

aul Raithby había sido detenido otras veces, pero se suponía que esta vez iba a ser diferente.

Raithby es un veterano activista ambiental y miembro de dos organizaciones dedicadas a denunciar la crisis climática: Just Stop Oil y Extinction Rebellion (XR). Lo habían arrestado por bloquear carreteras, cavar túneles, participar en marchas lentas y en protestas en el Aeropuerto Internacional de Heathrow.

Pero esta vez, la tarea de Raithby era sencilla. Conducir una furgoneta roja cargada de productos de limpieza y pulverizadores de agua hasta el mercado de seguros de Lloyd's, en el centro de Londres, donde sus compañeros estaban organizando la protesta ‘Asegurar nuestro futuro’, parte de una campaña mundial para pedir a las aseguradoras que dejen de dar cobertura a proyectos de combustibles fósiles. Los activistas tenían previsto limpiar lo que ensuciaran para evitar que el falso petróleo – una mezcla de agua, colorante de alimentos y almidón de maíz – se derramara fuera de la lona donde se desarrollaba la performance ‘ahogarse en petróleo’.

Pero la policía registró la furgoneta y detuvo a Raithby, alegando, entre otras cosas, que un tacho de pintura vacío que estaba en la parte trasera era prueba de una conspiración para cometer daños dolosos. "La policía vio el tacho con pintura seca y los pulverizadores de agua, sumó dos más dos y le dio cinco", dijo Raithby.

"A mí me tocaba conducir la furgoneta de XR ese día", dijo Raithby a openDemocracy. "La cargamos con los pulverizadores de agua. No sabía para qué se iban a utilizar, pero sería difícil causar daños dolosos con ellos. No son como los extintores, son pulverizadores de mochila de baja presión. Nos dirigimos al punto de entrega, y la policía se nos vino arriba.

"La policía dijo que la furgoneta había sido vista el día anterior repartiendo bengalas, lo que no era cierto. Luego intentaron alegar que yo no tenía seguro para conducirla. Luego que la furgoneta no estaba en condiciones de circular, aunque había pasado la inspección del Ministerio de Transporte el mes anterior. Así que confiscaron la furgoneta y acabé en un tribunal de la corona acusado de planificar daños dolosos".

Si suena ridículo, es porque lo es. Como dijo el abogado Raj Chada, socio del estudio legal Hodge, Jones y Allen que en los últimos años ha representado a manifestantes como Raithby: "Nada ilustra mejor lo absurdo de las decisiones de la fiscalía cuando se trata de manifestaciones que procesar a Paul Raithby por llevar un bidón lleno de agua".

Pero las estrictas normas adoptadas por el Partido Conservador para regular las protestas, primero la Ley de Policía, Delincuencia, Tribunales y Sentencias de 2022 y después de la Ley de Orden Público de 2023, establecen esta realidad surrealista para cualquiera que decida manifestarse o participe en una protesta en Inglaterra y Gales. Todo un arsenal legislativo dificulta la participación en protestas, endurece las penas de delitos de manifestación e inunda los tribunales con casos como el de Raithby, en el que las posibilidades de condena son escasas o nulas.

‘Todos somos arrestables’
Fui activista feminista cuando era jovencita. Recuerdo haber saltado sobre un banco de la plaza, megáfono en mano, gritando cifras sobre violencia contra mujeres y niñas a una multitud perpleja. Al leer la nueva legislación, me pregunté si las cosas que hacía en ese entonces, sin pensarlo dos veces, serían ahora inconcebibles.

Quise averiguar qué impacto tienen las nuevas leyes en nuestra libertad de manifestarnos y, por tanto, en nuestros derechos democráticos. ¿Sigue siendo válido hoy en día el viejo refrán "si no haces nada malo, no tienes nada que temer"?

Por eso me pasé los últimos seis meses investigando el impacto de las nuevas leyes antiprotesta en las libertades democráticas en el Reino Unido. Realicé decenas de solicitudes de información pública a cuerpos policiales, universidades y oficinas del gobierno; entrevisté a decenas de activistas, abogados y exagentes de policía; asistí a manifestaciones y revisé debates parlamentarios para entender cómo un gobierno que se proclamaba defensor de la libertad de expresión terminó creando la mayor amenaza a nuestras libertades civiles en generaciones.

"Solíamos tener protestas en las que algunas personas eran 'arrestables'", dijo Kristin, una activista de XR que pidió a openDemocracy no publicar su apellido. "Eran las que se ofrecían voluntarias para ejecutar la parte de la acción que podía conducir a un arresto". Kristin suspiró hondo. "Ahora todos somos arrestables".

Y "todos" significa todos nosotros, no solo quienes están dispuestos a pegarse al asfalto o a arrojar polvos lavables sobre Stonehenge.

"Lo que hacen los gobiernos autoritarios es elegir un tema divisivo y utilizarlo como cuña", dijo a openDemocracy el parlamentario Clive Lewis del gobernante Partido Laborista. "Eligen cuestiones concretas que creen que exasperan o preocupan a una parte del público, o sobre las que ha habido una tormenta mediática, y las utilizan para eliminar derechos y cambiar la ley.

"Pueden decir ‘ son estas otras personas a las que perseguimos: manifestantes contra el cambio climático, la guerra en Gaza, el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan, BLM). No tienes que preocuparte por tu iniciativa’. Pero no funciona así, porque una vez que la ley está ahí, puede emplearse contra quien sea, dependiendo de cualquier nuevo frente que se abra para el gobierno.

"La libertad es algo a proteger, y tiene que ser universal, porque si no serán tus libertades las que resulten atacadas y socavadas", terminó Lewis.

Nuevas leyes, nuevos poderes
En 2019, zonas del centro de Londres se paralizaron temporalmente cuando manifestantes contra el cambio climático se reunieron en Tower Bridge, reclamando una rebelión global contra la crisis climática. La protesta fue alegre, y una asistente la define como "energía auténtica, cálida y femenina".

Expresiones similares de rebeldía, a menudo con elementos teatrales y artísticos, se extendieron por todo el país, en Londres, Brighton, Bristol, Leeds, Glasgow y otros lugares. Aunque casi siempre había policías presentes, el ambiente era bastante jovial, según varios activistas que asistieron. "La policía tiene las mismas preocupaciones sobre el clima que nosotros", dijo Raithby. "Solíamos cantar a los policías que también hacíamos esto por sus hijos".

Al año siguiente, otra oleada de protestas llegó a las calles del Reino Unido, esta vez en respuesta al asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Estados Unidos. Las marchas y vigilias de BLM tomaron las ciudades. En Bristol manifestantes derribaron una estatua del famoso esclavista Edward Colston.

El gobierno conservador se encontraba ante un dilema. Sus legisladores se habían forjado una reputación de defensores de la libre expresión frente a lo que describían como la "cultura de la cancelación" empeñada en cerrar el debate. En 2020, los conservadores condenaron el intento de un diputado laborista de crear zonas de seguridad en torno a las clínicas donde se practiban abortos – espacios en los que están prohibidas las protestas contra el aborto – como una afrenta a la libertad de expresión y manifestación.

Pero los conservadores también querían poner fin a las manifestaciones de BLM y contra el cambio climático, porque cuestionaban su agenda política y porque las consideraban una amenaza para la economía y para su gobierno.

La respuesta fue un ataque en dos frentes. Por un lado, una guerra cultural generalizada contra la ‘justicia social’, en la que se retrataba a activistas BLM, del clima, feministas y pro-derechos de los inmigrantes como una quinta columna decidida a paralizar el país.

La segunda fue la aprobación de una legislación draconiana para enfrentar esta supuesta ‘amenaza’ de la izquierda.
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El 9 de marzo de 2021, la entonces ministra del Interior, Priti Patel, presentó el proyecto de ley de Policía, Delitos, Sentencias y Tribunales (PCSC), citando expresamente las protestas de XR y BLM como sus objetivos. La ley se promulgó a principios de 2022 y estableció una nueva definición de "alteración grave" que dio a la policía discrecionalidad para prohibir manifestaciones que impidan o alteren “de manera no leve” las actividades cotidianas de las personas, como traslados y distribución de mercaderías.

La ley eliminó el delito de alteración del orden público tipificado en el derecho común anglosajón y creó un delito más grave y amplio, "causar alteraciones del orden público de manera intencional o imprudente". Se tipifica como delito toda actividad que "cree un riesgo o cause un daño grave al público o a una parte del público, o impida al público o a una parte del público ejercer sus derechos".

"Por ejemplo, bloquear una autopista o uno de los puentes de Londres", explica Nic Harries, abogado jubilado que colabora estrechamente con XR. “Con las leyes anteriores, una condena por bloqueo no suponía más que una multa. Ahora, en virtud del artículo 78 del la PCSC, esa acción de protesta bien podría considerarse alteración del orden público, lo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión".

Los cambios tienen un "efecto amedrentador", añadió Harries. "Siempre habrá un núcleo duro de activistas dispuestos a ser detenidos pase lo que pase. Pero hay mucha más gente que está ansiosa por no ser detenida y no pasar por el proceso judicial y terminar con una condena".

Pregunté a los 43 cuerpos policiales de Inglaterra y Gales cómo estaban aplicando las nuevas leyes, y pedí datos sobre las detenciones realizadas por los delitos de "causar alteraciones del orden público de manera intencional o imprudente" y "obstrucción intencional de una carretera".

Los resultados fueron variables; algunas fuerzas policiales realizaron más controles de las protestas que otras.

Entre el verano de 2022 y el 30 de noviembre de 2024, 30 cuerpos policiales realizaron 1.151 detenciones por alteración del orden público. Siete no efectuaron ninguna detención, mientras que las seis restantes se negaron a responder mi solicitud. En el mismo período, 28 fuerzas realizaron 1.234 detenciones por obstrucción de carretera. Nueve cuerpos no efectuaron ninguna detención por este delito y seis se negaron a responder la consulta alegando que recopilar los datos insumiría demasiado tiempo a su personal.

La Policía Metropolitana de Londres realizó el mayor número de detenciones por ambos delitos: 174 por alteración del orden público y 955 por obstrucción de la vía pública.

También pregunté con qué frecuencia habían utilizado los poderes introducidos en el artículo 75 de la ley, que permiten a la policía impedir protestas que causen graves trastornos, como ruido o daños a la propiedad. Cinco fuerzas habían utilizado los poderes un total de 39 veces, con la policía de Wiltshire en primer lugar: 26 veces.

Wiltshire fue también el único cuerpo policial de Inglaterra y Gales que confirmó haber utilizado las nuevas competencias para restringir protestas unipersonales que causen alteraciones graves (10 veces). Cinco cuerpos policiales se negaron a responder a la solicitud, y los 33 restantes no habían ejercido esa facultad.

Katie Burrell, activista de XR, fue una de las primeras manifestantes afectadas por la nueva legislación en 2023, cuando participó en una acción que interrumpió un torneo de golf femenino patrocinado por la compañía de seguros AIG, parte de la campaña del grupo para animar a las empresas de seguros a desinvertir en la explotación de combustibles fósiles.

"Pensábamos que si nos detenían sería por allanamiento de morada con agravantes", dijo Burrell, una mujer de 51 años que trabajó en el sector de la comunicación. "Luego nos dijeron que era por alteración del orden público. Al principio pensé que no estaba tan mal, que sonaba mejor que allanamiento. Hasta que lo busqué y vi que se penaba con un máximo de 10 años".

El juicio se fijó para junio de 2026, tres años después de la protesta, y Burrell quedó en libertad bajo fianza. "Así que te puedes imaginar tener eso pendiente todo este tiempo", dijo. Finalmente se retiraron los cargos contra ella por falta de pruebas.

Burrell no cree que el público esté de acuerdo con esta represión de las protestas. "Participé en una sentada en la calle en Clapham (sur de Londres) en 2021, antes de que se aprobaran las nuevas leyes”, dijo. "Elegimos un lugar en el que se pudiera circular a nuestro alrededor si era necesario. Recuerdo que una mujer salió, y pensé que se enfadaría, pero me trajo un vaso de agua y me dijo que lo que estábamos haciendo era brillante. Un padre nos miraba y hablaba con sus hijos sobre las sufragistas".

Entonces llegó un coche de policía. Dos agentes se bajaron y arrastraron a Burrell fuera de la calle mientras la gente miraba.

“Ver a la policía arrastrando a una mujer de esa manera disgustó de verdad a los espectadores ". dijo Burrell. "Es una forma de opresión. Es otra forma de opresión".
 Katie Burrell en una protesta de XR en Londres
 | Crispin Hughes / Cortesía de Katie Burrell y XR
La ley PCSC también introdujo nuevas penas por "conspirar" para causar molestias públicas, delito por el que acusaron durante dos años al activista James Skeet, de Just Stop Oil. Skeet y cinco de sus compañeros fueron absueltos en el Tribunal de la Corona de Southwark en marzo de 2025, mientras que a otros dos los declararon culpables. Los habían detenido por actividades relacionadas con la planificación de un bloqueo de la autopista M25, que rodea la mayor parte del Gran Londres y es una de las vías más transitadas del Reino Unido.

"Me alojaba en una casa a la que cayó una redada de SWAT", contó Skeet a openDemocracy, recordando la noche de su detención en 2022. "Patearon la puerta y me inmovilizaron en el sofá a la una de la madrugada".

En los años transcurridos entre su arresto y la audiencia en el tribunal, Skeet seguía confiando en que los cargos no prosperarían. "No hay pruebas de lo que alegan, y lo sé porque no existen pruebas. Pero, obviamente, sigue dando un poco de miedo", me dijo cuando hablamos en vísperas de su juicio.

Por entonces, Skeet estaba en libertad bajo fianza. "Mis condiciones de libertad bajo fianza significan que no puedo participar en ninguna manifestación", explicó. "Así que mi derecho a protestar está básicamente restringido desde 2022".

Skeet es propietario de su casa y me dijo que lo habían “coaccionado” para que se declararse culpable o compareciera sin defensa legal y evitar perder su casa por tener que pagar abogados. Esto "es contrario al derecho a un juicio justo recogido en la Convención de Derechos Humanos", dijo.

A pesar de la represión, la ley PCSC no consiguió detener las protestas. Se realizaron al menos siete grandes manifestaciones por el clima – incluyendo la de la autopista M25 – en los primeros cuatro meses de vigencia de la ley en enero de 2022.

El gobierno conservador consideró entonces que la legislación no estaba dando frutos. Debates acalorados en la Cámara de los Comunes y de los Lores habían hecho fracasar muchas facultades que se había intentado incluir en esta ley, como prohibir la presencia de ciertas personas en una protesta y prohibir que los manifestantes se peguen o encadenen a otra persona, a un predio o a cualquier objeto para complicar su remoción.

El gobierno no estaba satisfecho. Así que volvió a intentarlo.

Vuelta al Parlamento
En mayo de 2022, apenas unos meses después de que la ley PCSC entrara en vigor, la ministra Patel hizo su segundo intento: otra Ley de Orden Público (POA).

La POA introdujo una nueva definición de "alteración grave", amplió la lista de "infraestructuras clave" para tipificar como delito las alteraciones de vías de transporte secundarias (no autopistas) y forzó la aprobación de delitos hasta entonces rechazados, como encadenarse o equiparse para encadenarse (por ejemplo, llevar un candado de bicicleta o bridas).

También reintrodujo las Órdenes de Prevención de Alteraciones Graves, que permiten a la policía impedir preventivamente que alguien participe en una protesta. Estas facultades aún no han sido utilizadas por las 40 fuerzas policiales que respondieron a mi petición; tampoco por la policía militar ni de transportes.

El intento de resucitar normas rechazadas anteriormente causó malestar en la Cámara de los Lores. En un debate en la cámara alta en noviembre de 2022, la parlamentaria Jenny Jones, del Partido Verde, comentó: "Este es en realidad un proyecto de ley zombi que el gobierno sacó de su tumba porque no le gusta nada la oposición".

Los laboristas Peter Hain, Vernon Coaker y Shami Chakrabarti también expresaron su rechazo a la POA, advirtiendo que criminalizaría a una amplia mayoría ciudadana respetuosa de la legalidad. Pero la ley preocupó incluso a antagonistas tradicionales de la cultura woke, como Claire Fox, una política independiente que fue nombrada en la Cámara de los Lores por el ex primer ministro conservador Boris Johnson.

"Cuando expliqué a algunas personas, entre ellas a dos concejales conservadores, cómo podría utilizarse este proyecto de ley contra las protestas contra los barrios de tránsito bajo [una iniciativa climática que implica el cierre de algunas calles], me dijeron: 'No seas ridícula. Este proyecto de ley es para frenar a XR'", dijo Fox en la Cámara de los Lores.

Y añadió: "El gobierno se está [...] disparando en el pie y confundiendo a los ciudadanos, que piensan que esto irá dirigido solo a un tipo de manifestantes. No es así".

Pero esto no fue un error, sino algo deliberado. Al centrarse sin tregua en protestas impopulares como la de Just Stop Oil bloqueando la M25, el gobierno construyó un enemigo público conformado por los manifestantes por el clima, los "guerreros de la justicia social" y los abogados "activistas".

Este era el plan cuando la entonces ministra del Interior, Suella Braverman, tachó a los manifestantes de "wokerati comedores de tofu", y cuando su jefa, la primera ministra Liz Truss, los llamó "coalición contra el crecimiento". El gobierno convirtió la protesta en una guerra cultural, una lucha entre nosotros y ellos.

Pero las leyes no funcionan así. Otorgan amplios poderes que no solamente le quitan el derecho de protesta a gente que no nos gusta; nos han privado de libertades civiles a todos.

Políticos y comentaristas que apoyaron la legislación, criticaron luego que se aplicara contra manifestantes antiabortistas por manifestarse en las zonas de seguridad que se instalaron alrededor de las clínicas de salud reproductiva en 2023.

Al parlamentario laborista Lewis le preocupa que el gobierno ataque las protestas contra el cambio climático porque contribuye a normalizar la resistencia a reconocer y abordar la crisis climática. "Hemos cerrado un espacio legítimo en el que esas protestas pacíficas mantenían la crisis climática en el debate público y ejercían presión sobre el gobierno”, dijo. “Eso quedó efectivamente fuera de juego, y ha tenido un efecto silenciador sobre el debate en general".

A pesar de objeciones de parlamentarios de todos los partidos, la Ley de Orden Público se aprobó el 3 de mayo de 2023.

Tres días después, en la coronación del rey Carlos, los republicanos sintieron toda la fuerza de los nuevos poderes. Sesenta y cuatro personas fueron detenidas en Londres, entre ellas un monárquico que fue erróneamente identificado como activista de Just Stop Oil y detenido durante 13 horas. Más tarde, la Policía Metropolitana expresó su "pesar" porque sus agentes hubieran detenido a seis personas de la campaña antimonárquica Republic, y las dejó en libertad sin cargos.

Tal como hice con la ley PCSC, hice pedidos de información pública a las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales para comprobar con qué frecuencia se habían utilizado las nuevas facultades de la POA.

Una vez más, el panorama varía. La mayoría de las detenciones realizadas en virtud de la POA entre su aprobación en mayo de 2023 y noviembre de 2024, cuando presenté mis solicitudes, fueron por interferir en el funcionamiento de infraestructuras clave, como vías de transporte: 36 de los 43 cuerpos policiales habían realizado 786 detenciones, de las cuales 729 correspondieron a la Policía Metropolitana.

Treinta y cinco fuerzas policiales dijeron que habían efectuado un total de 87 detenciones por encadenamiento, y siete habían efectuado un total de 43 detenciones por equiparse para encadenarse. Hubo una detención, en Northamptonshire, por obstrucción de obras importantes de transporte. La mayoría de las personas detenidas, en los casos en que se registraron datos, eran británicas blancas.

Sin embargo, hay una preocupación real por el impacto racista de las nuevas leyes. La POA otorgó a la policía facultades para detener y registrar a una persona no sospechosa si el agente "cree razonablemente" que se puede estar cometiendo un delito de protesta. El parlamentario David Pannick dijo ante la Cámara de los Lores que estos poderes pueden afectar de forma desproporcionada "sobre todo a los negros, muchos de los cuales sienten que quienes están en el Parlamento no les representan, y para quienes la protesta pacífica es aún más importante".

Y continuó: "Si eres negro, tienes siete veces más probabilidades de que la policía te detenga y registre 'bajo sospecha', y 19 veces más probabilidades de que te detenga y registre 'sin sospecha' que si eres blanco". Tanto las facultades para detener “bajo sospecha” como “sin sospecha” – rechazadas por los Lores cuando el gobierno las introdujo en el proyecto de la ley PCSC – volvieron a ser incluidas en la POA.

Se trata de intimidar
"El estado de ánimo y el enfoque de la vigilancia policial es muy diferente a lo que eran en 2019", dijo Lindsay Parkin, activista experimentado y miembro de Greenpeace. "La percepción pública de las manifestaciones por el clima se manejó de tal forma que ahora resulta legítimo hacernos callar y ponernos en la cárcel".

En septiembre del año pasado, Parkin fue uno de los 20 detenidos en una manifestación frente a las oficinas de Unilever en Londres, la primera detención masiva por encadenamiento. Más tarde dijo a openDemocracy que, cuando se ofreció a participar, tenía "curiosidad" por saber cómo se iban a aplicar los nuevos delitos. El caso contra él se archivó por falta de pruebas.

A Parkin le preocupa el efecto amedrentador. "Creo que probablemente será eficaz para suprimir la participación en este tipo de actividades o, dicho de otro modo, nuestro propio gobierno puede conseguir asustar a la gente", afirmó.

El efecto intimidatorio también se relaciona con que las fuerzas policiales tienen nuevas potestades para vigilar de forma más agresiva que en el pasado, advirtieron Paul Stephens y Richard Ecclestone, exagentes de policía que ahora actúan como enlaces de las manifestaciones de XR con la policía. Esto obedece en parte a que la protesta social se colocó en la esfera penal, en lugar de ser reconocida como un derecho democrático.

Ecclestone comentó este giro comparado con el control policial de manifestaciones por los derechos de los animales que le tocó gestionar en los años 90. "Nunca estábamos allí para detener a la gente y ponerla a disposición judicial para que la condenaran", dijo. "Nuestra función era apartarla de la vía pública para que pudieran pasar los camiones”.

Ahora, Ecclestone cree que el objetivo de la policía es encontrar motivos para detener. "Cuando empezó la XR, te sentías seguro como manifestante", dijo. "Te sentías capaz de expresar tu derecho a protestar sin el riesgo de acabar con una multa enorme y antecedentes penales o incluso ir a la cárcel, que es a lo que se enfrenta la gente ahora".
Si la gente común no puede ir a protestar, ¿cuál es la diferencia entre el Reino Unido y Rusia?
Expolicía Richard Ecclestone
"La diferencia que han supuesto cinco años para expresar tu opinión en público ha cambiado más allá de lo concebible. Eso es lo aterrador, porque si la gente común no puede ir a protestar, ¿cuál es la diferencia entre el Reino Unido y Rusia?", cuestionó.

"Las nuevas leyes pasaron de la vigilancia con consentimiento a la represión", advirtió Stephens. La legislación es lo suficientemente vaga como para que se detenga a personas "por motivos espurios", agregó.

"Recientemente tuvimos dos casos en los que la policía entró en un edificio de oficinas donde se estaba llevando a cabo una sentada de XR sin obstrucción ni intimidación, y detuvo a las personas que estaban adentro, y sabíamos que no iba a haber cargos porque no había elementos para acusar de allanamiento agravado”, relató. “Pero la policía intenta argumentar que hubo intimidación, y entonces la persona detenida es puesta en libertad bajo fianza y tiene que vivir bajo condiciones de fianza durante meses".

Con cada arresto, aunque sea sin consecuencias judiciales, la policía registra huellas dactilares, ADN, imagen facial y datos personales. “Desde el punto de vista de la represión de la protesta, la policía sale ganando. Desde la perspectiva de una democracia sana, es nefasto, y en última instancia servirá para radicalizar a la gente", dijo Stephens.

El exagente policial observó que este tipo de vigilancia policial va más allá de las protestas y afecta otras formas de reunión y manifestación pública.

"¿Te has enterado de lo del servicio de villancicos?". me preguntó.

El servicio de villancicos
El 14 de diciembre de 2024, un grupo de cantantes de villancicos propalestinos se reunió en una esquina cerca de la Plaza de Westminster, una zona con césped fuera del Parlamento británico donde manifestantes a menudo se reúnen para protestar o atraer la atención de los políticos hacia su causa. El grupo estaba formado por cristianos, judíos y musulmanes, personas de otras confesiones y sin fe.

"Era una vigilia, no una protesta, para reconocer a las víctimas del genocidio", dijo Ruby Rehamn, de la Campaña de Solidaridad con Palestina de Newham. “Estaba previsto que hubiera villancicos, bendiciones, lecturas, discursos y poesía. Todo muy bonito. Queríamos que fuera una experiencia sanadora".

Había dos policías en el lugar y Rehman les preguntó si les parecía bien que cantaran villancicos. "Estábamos en la acera, no en el césped de la Plaza del Parlamento. Los policías parecían apreciarlo y escuchaban a los niños cantar".

Rehman dijo que habló con la policía sobre las 16.15 horas, cuando el grupo se estaba preparando. En ese momento, explicó, a los agentes les parecieron bien los planes del grupo.

Pero el ambiente cambió rápidamente. La policía empezó a desplegarse y rodeó a los manifestantes.

"Cuando expliqué que habíamos preguntado y nos habían dicho que estaba bien cantar algunos villancicos, dijeron que no podíamos estar allí más allá de las 16.30". dijo Rehman. "No nos lo habían dicho antes".

Para entonces, Helen Burnett, vicaria de la Iglesia Anglicana e integrante de la organización Cristianos por Palestina, estaba leyendo una bendición a los congregados. "La policía empezó a acusarnos de gritar y de estar enfadados", dijo Rehman. "Nos sorprendieron. Se pusieron muy agresivos con nosotros. De hecho, abracé a Helen porque oía la tensión en su voz. Estábamos disgustadas porque nos pedían que paráramos, pero no nos pusimos furiosas".

"Había niños que temblaban tratando de recoger y apagar esas pequeñas velas electrónicas, y estaban aterrorizados", dijo Rehman. "Me identifiqué con ellos, porque la idea de que detuvieran a sus madres me horrorizaba. Había personas mayores. Padres con sus hijos. Había cuatro monjas. Le dije a un policía ‘por favor, no detenga a esta gente, no hemos hecho nada malo’".

Lo que ocurrió después es extraordinario. Un agente de policía que se encontraba en el lugar le dijo que no habría detenciones, según Rehman. "Incluso parecían un poco incómodos, pidiéndonos que guardáramos nuestras cosas", dijo. Pero ella pudo oír por la radio a alguien que supuso que era un mando policial que gritaba: "Arréstenlos a todos".

"La policía nos acusó de formar parte de otra manifestación", explicó Rehman. “Les dijimos que éramos un grupo distinto, que teníamos folletos distintos, que solo cantábamos villancicos. No importó, teníamos que recoger e irnos".

La policía hizo uso de nuevas facultades que permiten la dispersión de una manifestación si los agentes estiman "razonablemente" que puede provocar desórdenes públicos "graves", daños a la propiedad o alteraciones, o puede crear ruidos con "un impacto relevante en las personas de las inmediaciones". Estas facultades fueron introducidas por la ley PCSC al artículo 14 de una Ley de Orden Público de 1986.

"No estábamos protestando, estábamos cantando villancicos", dijo Diana Neslen, una mujer judía que fue co-organizadora del acto.

El grupo obedeció a la policía y se marchó sin que se produjeran detenciones.

Neslen presentó una queja a la Policía Metropolitana por su actuación. "Investigaron y no pudieron averiguar por qué había un problema", dijo. "Luego dieron razones vinculadas al artículo 14, que normalmente se utiliza cuando la multitud se pone revoltosa o peligrosa o se dirige a la calle, o si estás molestando a otro grupo".

"¿A quién estábamos molestando?" preguntó Rehman. "A nadie. Sólo éramos nosotros y la policía".

En un comunicado entregado a openDemocracy, la Policía Metropolitana alegó: "El 14 de diciembre de 2024, agentes de policía estaban presentes en una serie de eventos públicos que tenían lugar en todo Westminster. El acto en cuestión estaba sujeto a las condiciones del artículo 14 de la Ley de Orden Público. Esto requiere que un acto público comience y termine a horas específicas y que solo se reúna en un lugar aprobado por la policía. Varios asistentes incumplieron estas condiciones. Los agentes interactuaron con ellos, y se dispersaron voluntariamente. No hubo detenciones".

La policía también dijo que en ningún momento se ordenó a los agentes efectuar detenciones masivas.

"Si se trataba del artículo 14, se les debería haber dicho cuáles eran los motivos", dijo Stephens. "Si se trataba de una dispersión, deberían haber recibido los motivos por escrito. No tenían motivos. Se prohibió una vigilia de villancicos multiconfesional sin dar ninguna razón. Si vas a empezar a prohibir cosas así y luego no das ninguna razón, es siniestro".

Frente a los tribunales
Mi viaje con esta historia termina en un luminoso y gélido día de enero en el centro de Londres. Los edificios blancos del siglo XIX de los Tribunales Reales de Justicia se recortan contra un cielo azul helado. Abajo, una multitud de 1.000 manifestantes, de edades que van desde jubilados hasta jóvenes apenas salidos de la adolescencia, se sientan en la calzada exterior, bloqueando el tráfico en ambas direcciones a lo largo de la calle Strand.

Algunos sostienen pancartas con imágenes de presos políticos antiguos y actuales. Raithby está allí, al igual que Stephens, que actúa de enlace con la numerosa fuerza policial, que insiste a los manifestantes que circulen y regresen a la zona designada para la protesta, un pequeño trozo de calle fuera de los tribunales.

"La policía se está comportando", bromea Stephens. "Tienen a los mejores abogados de derechos humanos del mundo vigilando a través de las ventanas".

Aun así, vine preparada para problemas. Un periodista de la emisora de radio LBC fue detenido cuando cubría una protesta de Just Stop Oil.

La acción ante los tribunales que vengo a reportar es en solidaridad con los "16 de Lord Walney", un grupo de manifestantes de Just Stop Oil que cumplen condenas sumadas de 41 años por su participación en diversas acciones. Su caso está en un tribunal de apelaciones de tres jueces, ante el cual el fiscal alega que el derecho de los recurrentes a protestar no los blinda de sus actividades delictivas.

El bullicio exterior contrasta con la grandiosidad de la sala con paneles de madera y cortinas de terciopelo color vino. Entre los oradores que se dirigen a los manifestantes están Frank Hewetson, que estuvo detenido en una cárcel rusa en 2013 tras una acción de Greenpeace, un rabino y un cuáquero, y activistas que vinculan la represión del pueblo palestino con la crisis climática.

Paddy, un joven activista por el clima que ha pedido que no publiquemos su apellido, me cuenta que vino desde Glasgow para la sentada. "Mi amiga fue encarcelada por su participación en una protesta de Acción Palestina", explica. "La ley y la democracia en este país están siendo corrompidas por la industria petrolera y armamentística".

Otra asistente es Rebecca Johnson, que participó en manifestaciones en la estación de Greenham Common de la Real Fuerza Aérea (RAF), en Berkshire, en la década de 1980. Por entonces, feministas por la paz acamparon en la base de la RAF en una exitosa campaña contra las armas nucleares. "Demostramos que el activismo no violento funciona", dijo Johnson.

"Mi primera condena fue de 14 días de cárcel por levantarme y decir: 'No aceptaré que me obliguen a no vivir en Greenham Common, porque el trabajo que hacemos es mantener la paz'. Hoy, estas personas se enfrentan a años de cárcel", añadió. "Desde adolescentes hasta ancianas con hijos, con nietos, que están haciendo lo que pueden para evitar la destrucción climática y el colapso".

La protesta ante los tribunales es pacífica y concurrida. Hay cierta perplejidad entre los transeúntes, y un grupo de jóvenes profesionales detrás de mí mantienen un intenso debate sobre el propósito de la sentada y el impacto de las leyes antiprotesta. Si hasta los trajeados del centro de Londres están en contra de la POA, me pregunto para quién son estas nuevas leyes.

Pero las encuestas sugieren que la nueva legislación es popular en el público en general, que parece persuadido por políticos y medios de comunicación del Reino Unido de que la protesta social es en su contra, y no un derecho democrático que lo protege.

El Partido Laborista, que llegó al gobierno en las elecciones del año pasado, no ha dado señales de que vaya a derogar estas leyes, y la ministra del Interior, Yvette Cooper, mantuvo la apelación presentada por su predecesor conservador contra una sentencia del Tribunal Superior que había declarado ilegal una parte de la legislación antiprotesta.

El recurso no prosperó. El Tribunal Superior falló en contra del gobierno este mes, respaldando un recurso legal presentado en 2023 por la ONG de derechos humanos Liberty sobre los poderes otorgados a la policía por la POA para impedir cualquier protesta que cause una "alteración más que leve". Liberty argumentó que esa cláusula era ilegal, pues el Parlamento ya la había rechazado democráticamente unos meses antes, cuando votó la ley PCSC.

Los tribunales decidirán en las próximas semanas si se anulan esas secciones de la ley.

"Esta sentencia es una victoria para el Parlamento y el Estado de Derecho”, dijo Katy Watts, abogada de Liberty. “La normativa es solo una de las muchas introducidas en los últimos años para criminalizar a los manifestantes y reprimir las formas que tenemos para hacer oír nuestra voz".

"Protestar es un derecho fundamental y piedra angular de nuestra democracia. No debe ser socavado por gobiernos que quieren impedir que les pedimos cuentas".

*Traducción y edición en español de Diana Cariboni

 «Este artículo se publicó originalmente en opendemocracy.net»