En Guyana, el estado no protege a la población, pero encarcela a activistas

Se dictaron condenas de doce a dieciocho meses de prisión contra cuatro militantes, con orden de internamiento: Gilles Beaudi, sindicalista de la Unión de Trabajadores de Guyana (UTG), y tres militantes incluido el presidente del colectivo de los 500 hermanos, por participar en una manifestación en julio de 2020 frente a la Prefectura, durante la cual se quemaron neumáticos y paletas. A la convocatoria de Mayouri Santé Guyane, los manifestantes exigieron la apertura de camas de reanimación en los hospitales y la próxima creación de un Centro Hospitalario Universitario en este territorio reconocido como desierto médico.

Las poblaciones de las últimas colonias francesas como Guyana, Martinica y Guadalupe llevan dos años pagando la mala gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. Si bien los sistemas de salud están fallando en gran medida y la vacilación de las vacunas fue mayoritaria, la Agencia Regional de Salud (ARS) ha seguido infantilizando al ES de Guyana y el prefecto está tratando de forzar su camino criminalizando los movimientos sociales nacidos de la huelga general de marzo. Abril de 2017.

Las ondas virales se suceden, cada vez más mortíferas, y la única obsesión del Estado francés en Guyana es agudizar los medios represivos, instaurando la obligación de vacunación y el pase sanitario que solo degradará un poco más el suministro y acceso a cuidado de la salud. Es hora de poner fin a estas políticas autoritarias y criminales. La autodeterminación de los pueblos colonizados no es una utopía, es hora de que se convierta en realidad.

Montreuil, 16 de octubre de 2021