La autofinanciación de la Iglesia en España sigue en punto muerto casi 50 años después

Casi medio siglo después de suscribir los Acuerdos con la Santa Sede en 1979, la Iglesia católica en España no ha avanzado hacia la comprometida autofinanciación. Lo estipulado en aquel momento no fue más que una declaración de intenciones: «La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades» Sin embargo, dicha cláusula nunca se materializó en una hoja de ruta concreta ni en plazos específicos.

Por el contrario, la financiación pública mediante la casilla del IRPF —el 0,7 % de la cuota íntegra elegida por los contribuyentes— supone en la actualidad casi el 23 % de los ingresos de la Conferencia Episcopal.

El compromiso originalmente fijado con la Santa Sede no incluía plazos concretos ni condiciones claras y dos décadas después, ese horizonte sigue siendo un espejismo burocrático.

En 2006, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el sistema se consolidó con carácter indefinido y obtuvo amparo legal: el Estado se comprometió a destinar el 0,7 % del IRPF a la Iglesia «con carácter indefinido». Prolongando este sistema indefinidamente se contradice un modelo laico de estado, al privilegiar a los creyentes frente a quienes no lo son.

De hecho la casilla no es un impuesto adicional, sino una reducción en los ingresos públicos, y se calcula que, de financiarse de forma directa, cada católico tendría que aportar unos 38 € anuales según cifras oficiales. El ejemplo holandés es ilustrativo: tras un acuerdo establecido en 1983, el Estado apoyó financieramente a las confesiones religiosas durante 20 años (con 120 M € anuales) y a partir de 2004 cesó este apoyo directo.

Todo ello al margen de la descomunal financiación pública que la iglesia recibe por otras vías: sanidad, enseñanza, subvenciones a entidades, exención de impuestos… El problema de fondo es acabar con el poder histórico de la iglesia en el Estado Español y la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado. Y esa separación, como la monarquía misma, continúa siendo una tarea democrática pendiente que la ‘modélica’ transición no resolvió.